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Zona de reserva forestal o ronda hídrica: qué ocurre cuando el levantamiento predial llega a esos metros prohibidos

Levantamiento predial en terrenos con restricciones ambientales

Cuando un propietario solicita un levantamiento predial sobre un terreno ubicado cerca de una quebrada, un río o una zona de reserva forestal, el proceso técnico cambia de manera significativa desde el primer día de trabajo de campo.

Colombia tiene más de 51 millones de hectáreas declaradas bajo alguna figura de protección ambiental, y una parte importante de los predios rurales y periurbanos del país colinda directa o indirectamente con estas zonas.

El levantamiento predial no solo mide el área del predio: en estos casos también debe identificar con precisión los metros que pertenecen a ronda hídrica, reserva forestal o áreas de manejo especial, porque esa información determina qué puede hacer legalmente el propietario con su tierra.

Qué dice la norma sobre rondas hídricas y reservas forestales

El Decreto 1076 de 2015, que compila la normatividad ambiental del sector, establece que la ronda hídrica de ríos, quebradas y humedales tiene una franja de protección de al menos 30 metros medidos a partir de la orilla, aunque las Corporaciones Autónomas Regionales —CAR— pueden ampliar esa franja según las condiciones locales del ecosistema.

En el caso de las zonas de reserva forestal, la Ley 2ª de 1959 delimitó siete grandes reservas en Colombia, y cualquier levantamiento predial que involucre terrenos dentro de esas áreas debe reportar esa condición de forma explícita en la memoria técnica y en los planos resultantes.

El IGAC, mediante la Resolución 70 de 2011, establece los procedimientos técnicos para el levantamiento predial y exige que el topógrafo señale en el plano todas las restricciones de uso identificadas durante el trabajo, incluyendo las de origen ambiental.

Permisos adicionales que el topógrafo debe gestionar antes de iniciar

Realizar un levantamiento predial dentro de una zona de reserva forestal o en la ronda hídrica de un cuerpo de agua no es un trámite libre.

En la mayoría de los casos, el profesional debe solicitar un permiso de acceso ante la CAR competente en el municipio, y ese trámite puede tardar entre 15 y 45 días hábiles dependiendo de la corporación y la carga administrativa de la oficina regional.

Adicionalmente, si el predio está dentro de una zona del Sistema Nacional de Áreas Protegidas —SINAP—, el permiso debe tramitarse directamente ante Parques Nacionales Naturales de Colombia, lo que agrega una capa burocrática distinta con plazos propios.

Omitir estos permisos puede generar sanciones para el propietario que van desde multas hasta la nulidad del proceso catastral adelantado, según lo establece el Decreto Ley 2811 de 1974 en sus artículos sobre infracciones ambientales.

Cómo afecta esto al valor del predio y al impuesto predial

Un levantamiento predial bien ejecutado en zonas con restricciones ambientales puede reducir el área jurídicamente aprovechable del predio, y eso tiene consecuencias directas sobre dos aspectos: el avalúo catastral y las posibilidades de uso del suelo.

Si el 40 % de un predio de 10 hectáreas queda dentro de ronda hídrica, ese porcentaje no puede ser objeto de construcción, desmonte ni cultivos permanentes, y el avalúo catastral debería reflejar esa restricción en la tarifa aplicada.

En la práctica, muchos municipios colombianos no tienen actualizada esta información en su base catastral, por lo que el propietario ha estado pagando impuesto predial sobre un área que legalmente no puede usar como tierra productiva.

El catastro multipropósito, impulsado a partir de la Ley 1848 de 2017, busca corregir exactamente esa inconsistencia al cruzar la información del levantamiento predial con las capas ambientales del MADS y las CAR.

Qué debe contener el informe técnico en estos casos

El informe de un levantamiento predial en zona de reserva o ronda hídrica debe incluir, como mínimo, los siguientes elementos: plano georeferenciado con coordenadas en el sistema oficial Magna-Sirgas, delimitación explícita de las áreas con restricción ambiental, memoria de cálculo con las superficies diferenciadas por régimen de uso, y un certificado del topógrafo —con tarjeta profesional vigente expedida por el Copnia— que declare haber verificado las condiciones ambientales del predio durante el trabajo de campo.

Sin esos elementos, el levantamiento predial puede ser objetado por la oficina de catastro municipal o por la autoridad ambiental, y el propietario deberá repetir el proceso desde el inicio, lo que en terrenos de difícil acceso puede representar costos adicionales de entre dos y cinco millones de pesos dependiendo de la extensión y la distancia al casco urbano.

Fuentes

  • IGAC – Resolución 70 de 2011: Procedimientos para la formación y actualización del catastro nacional, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2011
  • Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Decreto 1076 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015
  • Congreso de Colombia – Ley 2ª de 1959: Sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables, 1959
  • Parques Nacionales Naturales de Colombia – Informe de gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 2023
  • Congreso de Colombia – Ley 1848 de 2017: Por medio de la cual se dictan normas para la modernización del catastro multipropósito, 2017